Siete claves de las indicaciones que ingresó el Gobierno a la reforma de pensiones tras acuerdo con Chile Vamos
Los cambios introducidos establecen un aumento de siete puntos porcentuales en la cotización con cargo al empleador con una gradualidad de nueve años.
Por: M. P. Infante y S. Pumpin | Publicado: Jueves 16 de enero de 2025 a las 04:00 hrs.
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Con alta expectación y la sala número 9 del Senado repleta de senadores, autoridades gubernamentales y asesores, comenzó pasadas las 12:30 horas de este miércoles la comisión de Trabajo de la Cámara Alta, que ha concentrado la atención durante la tramitación de la reforma de pensiones.
Tras intensas conversaciones entre Gobierno y oposición, el anuncio llegó: el Ejecutivo finalmente presentó las indicaciones al proyecto de ley que permitirán que la reforma comience a votarse en particular los próximos días.
De hecho, pasadas las 14:00 horas y tras varios “campanazos” con los que se suelen sellar votaciones en el Congreso, este miércoles se aprobó por la unanimidad de la comisión la idea de legislar de la iniciativa.
Además de las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, hubo parlamentarios que introdujeron cambios al proyecto de ley, los que de ser incorporados, requerirían el patrocinio de La Moneda al ser ésta, por su naturaleza, iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Las señales sobre el humo blanco partieron temprano. Durante la mañana, en los pasillos del Congreso Nacional en Valparaíso, el acuerdo era inminente.
Y minutos antes de que comenzara la comisión se transformó en una realidad. “Hemos llegado a un acuerdo que va a ser beneficioso para la ciudadanía”, dijo en la antesala del inicio de la sesión el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke.
La primera en tomar la palabra para anunciarlo en la comisión fue la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara. “Hoy queremos anunciar que tenemos una buena noticia para Chile”, señaló.
La autoridad continuó: “Luego de meses que han sido intensos, que han sido largos, que ha habido un trabajo técnico y político importante entre el Ejecutivo, los parlamentarios del oficialismo, de la oposición, en particular los de Chile Vamos (...), hemos encontrado puntos de acuerdo que nos permiten sacar adelante esta reforma”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó que, “los acuerdos a los que se ha llegado son muy amplios”.
Junto con ello, el titular de las finanzas públicas explicó que con esta propuesta se llega a un sistema mixto, donde en materias de financiamiento, “los aportes al sistema van a quedar estructurados prácticamente en tres tercios”.
Con ello, detalló que, midiéndolo en porcentajes del PIB, el aporte de los trabajadores estará en el orden del 2,9%; 2,4% va a corresponder a los aportes de los empleadores y 2,5% al del Fisco.
En tanto, el senador y presidente de la comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma (UDI), manifestó: “Queremos valorar un acuerdo que creemos es muy relevante” y sostuvo que “si es más fácil criticar y no hacer nada y decir que no, nosotros tomamos otro camino. Un camino para buscar entendernos”.
¿Cuáles son los principales cambios que se establecieron en las indicaciones?
1. Aumento de la cotización de cargo al empleador
Las indicaciones establecen un alza gradual en la cotización de 7% de la remuneración imponible de cada trabajador afiliado al sistema previsional, la que será de cargo del empleador. De ésta, un 6% se destinará a las cuentas de capitalización individual a través de dos componentes.
Un 4,5% irá directamente a la cuenta de capitalización individual.
En tanto, el segundo componente es un 1,5% que será destinado a un Fondo Autónomo de Protección Previsional con el fin de financiar el beneficio por años cotizados y el “Aporte con Rentabilidad Protegida”, lo que durante la tramitación se ha conocido como “préstamo” o “aporte reembolsable” dado que es a nombre del afiliado y se devuelve, razón por la cual la oposición ha insistido en que el 6% va a capitalización individual.
Todo lo anterior se suma a un 2,5% que también será destinado a este fondo para efectos de financiar la compensación por diferencias de expectativas de vida y el financiamiento del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Para este último, hoy los empleadores ya cotizan el 1,5%.
De esta manera, la cotización total de parte del empleador según esta ley, llegará a 8,5%.
Lo anterior se traducirá en que sumado a la cotización de 10% actual, Chile se acercaría al promedio de los países de la OCDE, que es de 18%.
El incremento del ahorro comenzará a enterarse a los 12 meses de publicada la ley y tendrá una gradualidad de nueve años.
Así, el primer y segundo año se enteraría un 1%; 0,75% el tercer y cuarto año y 0,7% desde el quinto en adelante.
Recién al tercer año, el 0,25% va a cuentas individuales y desde el cuarto año, la cotización completa tendrá como destino directamente la cuenta de cada trabajador.
Este punto ya genera discusión, pues para algunos en la derecha es fundamental que la gradualidad incorpore que la primera parte que se entere vaya íntegramente a ahorro, vale decir a las cuentas individuales de cada trabajador y no a los componentes para financiar aumentos de pensiones actuales.
2. Seguro Social compuesto por cuatro puntos
Del total de 8,5% -el 7% de la nueva cotización y el 1,5% que hoy pagan los empleadores para el SIS-, cuatro puntos porcentuales serán recepcionados por el Seguro Social que se crea con la reforma.
Éste entregará beneficios para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y compensar a las mujeres por mayor sobrevida.
Así, el SIS pasará a ser administrado por el Seguro Social y el 1,5% del préstamo, también.
3. Préstamo: Aporte Diferido con Rentabilidad Protegida
El “Aporte Diferido con Rentabilidad Protegida”, vale decir el préstamo reembolsable, será transitorio y corresponderá a 1,5 puntos porcentuales del alza de la cotización con cargo al empleador, lo que será administrado por el Seguro Social.
Las indicaciones establecen que “es un mecanismo de reconocimiento y resguardo de las cotizaciones de los trabajadores enteradas por su o sus empleadores y contará con una garantía del Estado”.
Dicho aporte, dará origen a un “bono de seguridad previsional, el cual es un título que tendrá mérito ejecutivo, emitido en favor del afiliado, en reconocimiento de las cotizaciones enteradas por su o sus empleadores”. Además, el bono será “intransferible e inembargable, y podrá emitirse en forma material”.
El bono de seguridad previsional será capitalizado hasta su canje en favor del afiliado y se pagará en 240 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, vale decir, en 20 años.
Varias de estas características fueron conversadas por el Gobierno con la oposición y sus técnicos a fin de que diera garantía de que los dineros iban a ser devueltos a los cotizantes que los aportaron al momento de jubilar.
Si bien hace algunos meses el Gobierno había señalado que el préstamo tendría un retorno de entre 2% y 3% real, finalmente se estableció una rentabilidad de mercado, que corresponderá al retorno vigente para los bonos de Tesorería General de la República en UF, según la fecha de cumplimiento de la edad de pensión de cada afiliado.
Así, la tasa será calculada por la Superintendencia de Pensiones al primer día hábil de cada mes y será aplicada a la cotización.
4. Umbral de 13 años para mujeres y 20 para hombres
Con el aporte con rentabilidad protegida, se financiará el beneficio de la garantía de UF 0,1 por año cotizado que pagará la reforma. Éste tendrá un tope de 25 años.
Los requisitos para acceder a la garantía de UF 0,1 por año cotizado fueron uno de los nudos críticos de las negociaciones. Dentro de las indicaciones, se propuso un umbral de 13 años para las mujeres y de 20 para hombres, como exigía la oposición.
En el oficialismo han pedido bajarlo a ocho años.
5. Licitación del 10% del stock cada dos años
Uno de los consensos que se asentó durante los últimos meses en la discusión previsional fue la idea de que existe una necesidad de generar mayor competencia entre las AFP y disminuir las comisiones que pagan los afiliados.
Para ello, finalmente la comisión de Trabajo acordó inclinarse por una licitación del stock de afiliados, aunque en términos diferentes a lo que estaba establecido originalmente por el Gobierno. Esto, porque si en el proyecto inicial se fijaba en 10% de los afiliados antiguos al año seleccionados aleatoriamente, finalmente se consensuó dejarlo en una razón de 10% cada dos años.
Otra de las novedades que traen las indicaciones tiene que ver con el tiempo por el cual debería mantener inalterado el precio la entidad que se adjudique el proceso, lo que se establece en cinco años.
Además, los afiliados licitados podrán desistir de la subasta o cambiarse de inversor en cualquier momento, a diferencia de lo que ocurre actualmente con la licitación de cartera de nuevos afiliados, donde deben permanecer por dos años.
Junto con ello, se estableció un límite máximo de participación de mercado del 25% en afiliados para que una entidad participe del proceso.
Este mecanismo viene a reemplazar la actual licitación de nuevos afiliados, pues quienes se integren por primera vez al sistema, serán incorporados de forma automática al ente de menor comisión.
6. Mayor competencia y la opción del IPS como administrador
“En materia de industria, y dada la profunda desafección ciudadana con el sistema de AFP, si bien éstas siguen existiendo, se va a abrir un marco en el que pueda haber más competencia con nuevos inversores y en la administración de cuentas va a haber una alternativa pública a través del Instituto de Previsión Social”, explicó la ministra Jara durante la comisión.
De esta forma, las indicaciones establecen que podrán concurrir a la constitución de una administradora de fondos de pensiones, las AGF que no sean filiales de una entidad bancaria y cajas de compensación con autorización del regulador.
Además, se permite subcontratar la funciones de soporte entre los cuales podrá operar el Instituto de Previsión Social (IPS).
Dado que cuatro puntos de la cotización serán administrados por el Seguro Social, los 4,5 restantes del aumento de cotización y el 10% actual podrán seguir siendo gestionados por las actuales AFP o los nuevos actores que ingresen al sistema según la elección del afiliado.
7. PGU a $ 250 mil con gradualidad por grupo etáreo
La iniciativa contempla un alza a $ 250 mil de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la que hoy está en $ 214.296 y que por concepto de reajuste del IPC llegará a $224 mil en febrero.
El acuerdo contempla una gradualidad por grupo etáreo. Así, los primeros beneficiarios que recibirían el alza de la PGU lo harán a los seis meses de publicación de la ley y corresponderán a las personas de 82 años o más que califiquen para el beneficio.
La gradualidad se completaría a partir de los 24 meses posteriores al inicio de la transición, cuando comience a pagarse para el grupo de adultos mayores de 65 años o más.
